«Con esta reforma hoy queremos dar un paso más en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y su plena integración laboral. Sin duda, señorías, esta es una muy buena reforma y hace que seamos un país mejor. Es una buena reforma porque pretende profundizar de una manera más eficaz en la garantía del derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad en los términos que mandata la Constitución española, así como también en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Ustedes conocerán, probablemente, que en la última década se han registrado mejores cifras de contratación de personas con discapacidad -he dicho mejores, no buenas, porque, como he dicho, queda mucho por hacer- y creo que el escenario actual es idóneo para favorecer la inclusión social de las personas trabajadoras con discapacidad. La principal responsable de este avance ha sido, sin lugar a duda, la aprobación de normas sociales y también de normas laborales (aplausos), pero nos queda mucho por hacer, nos quedan muchas acciones que poner en marcha, como saben bien el ministro Bustinduy y, desde luego, el Gobierno de España. Hay que desarrollar las recomendaciones trabajadas en el Libro blanco sobre empleo y discapacidad: es nuestro compromiso. Hoy damos un paso, pero queda todavía mucho por hacer. Precisamente, esta reforma que debatimos hoy del también artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, así como del artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social, es consecuencia directa de alguna de las propuestas de reforma de dicho libro blanco. Les voy a dar datos de la encuesta EDAD 2020. Nos habla de que tenemos 1,58 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, esto es, entre 16 y 64 años. De esta cifra, 765 500 personas son hombres y 818 200 son mujeres, pero -fíjense en este dato- solo una de cada cuatro de estas personas estaba trabajando. Por tanto, el reto que tenemos es muy grande.»

Fragmento 4 de 13 de esta intervención.