«Señorías, dejemos ya, si me permiten, como decía Antonio Tabucchi en su magnífico Sostiene Pereira, de frecuentar el pasado. Dejen de hacerlo. Frecuentemos, como señalaba él, el futuro. Este cambio conceptual del artículo 49 de la Constitución española, que habla ahora de personas con discapacidad, que se conjuga hoy por primera vez en España con la reforma del artículo 49 del viejo Estatuto de los Trabajadores, lo que hace es posicionar a las personas con discapacidad como las únicas poseedoras de su proyecto existencial capaces de velar por su propia autonomía personal y de superar las limitaciones cotidianas asociadas a su capacidad funcional. (Aplausos). Este nuevo cambio de paradigma hunde también sus raíces en esto que ustedes parece que combaten, la ratificación de los compromisos internacionales de España con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde el propio concepto de discapacidad se define como algo dinámico y holístico -cito literalmente- en el que deberían confluir la variabilidad personal y una sociedad plural. En esta reforma que hoy discutimos se recoge algo muy importante para el Gobierno de España. Se recoge un verdadero derecho humano para las personas con discapacidad, permitiendo, señorías, que las personas trabajadoras a las que les sobreviene, por ejemplo, una incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez no vean extinguidos con carácter automático sus contratos de trabajo. Este es justamente el reproche que nos hacía el Tribunal de Justicia Europeo.»

Fragmento 7 de 13 de esta intervención.