«Gracias, señor presidente. El proyecto de ley que venimos a debatir hoy, y cuya tramitación apoyaremos, viene a resolver un problema histórico de los trabajadores y trabajadoras. Hasta este momento, la declaración de incapacidad permanente tenía como consecuencia la extinción inmediata del contrato de trabajo sin indemnización y, en muchos casos, la condena a la precariedad de los trabajadores y trabajadoras que incurrían en esta incapacidad permanente. La incapacidad permanente total, a la que tienen derecho los trabajadores y trabajadoras que no pudiendo realizar su trabajo habitual sí pueden realizar otros trabajos, genera el derecho a una prestación de en torno al 55 % de la base reguladora. Esto hacía que estos trabajadores acabaran sufriendo una merma de casi un 50 % de la retribución percibida y, por lo tanto, una condena a la disminución de su poder adquisitivo, así que no les quedaba más remedio que buscar un nuevo empleo para mantener esa capacidad adquisitiva y más en un país como España, que ya conocemos las cifras de paro estructural, que son alarmantes.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.