«Nosotros, sin embargo, defendemos un modelo de sociedad en el que el valor de las personas no se mide solo por su capacidad productiva, sino por su derecho a vivir con dignidad. Este proyecto de ley pretende recordar y exigir a las empresas su responsabilidad social. A veces nos llenamos la boca con eso, pero hay que ponerlo en la práctica: adaptar el puesto de trabajo para que los trabajadores puedan seguir teniendo una vida laboral y, por tanto, una vida digna. Decimos muchas veces que estamos en el mismo barco, y esa sería una manera de demostrarlo. Cuando hablamos de incapacidades permanentes, muchas veces perdemos el mundo de vista. El primer problema que tenemos con esta figura jurídica es que demasiadas veces hay personas con afectaciones de salud graves a las que les resulta imposible conseguir que se les reconozca algún grado de incapacidad; y, cuando digo imposible, digo imposible. Desconozco, señorías presentes hoy en el hemiciclo, si tienen contacto con personas que hayan sufrido esa injusticia que les ha segado la vida. Yo, sí, y les aseguro que es una gran crueldad y una gran desesperanza vivir esta situación. Estamos hablando de personas con altos grados de discapacidad reconocidos, personas con décadas de convivencia con fibromialgia, dependencias mayores o encefalitis miálgicas, conocidas como síndrome de fatiga crónica, a las que el sistema no les está dando una respuesta, y es, repito, un acto de crueldad enorme, un acto de falta de humanidad del sistema neoliberal que maltrata a los elementos no productivos. Había una frase de Michel Foucault que recuerdo de cuando estudiaba el sistema capitalista. Michel Foucault decía que los individuos que no son dóciles no están sanos y, por tanto, no son útiles y deben quedar fuera del sistema.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.