«Y debemos ser honestos también, señora ministra. Aunque este es un paso adelante necesario, no resuelve todos los problemas que giran en torno a la incapacidad permanente. Demasiadas personas con afectaciones graves no reciben el reconocimiento que merecen, y es una falta de humanidad del sistema que trata a los más vulnerables simplemente como elementos no productivos. En el Grupo Republicano defendemos que esto pasa por una reforma más amplia del sistema de incapacidades. Habría que establecer criterios más claros, más transparentes y más justos para poder evaluar las situaciones de estos trabajadores. ¿Por qué? Pues porque, hasta el día de hoy, cuando a una empresa se le notificaba que un trabajador había conseguido el reconocimiento de incapacidad permanente se le rescindía el contrato de forma automática. Y yo lanzo una gran pregunta en la que creo que podemos interpelar a todos: ¿debemos permitir que las empresas deshumanicen a los trabajadores y rescindan automáticamente los contratos cuando ya no rinden tanto como antes? ¿Se puede tratar a los trabajadores como un objeto que cuando ya no encaja en el engranaje de la empresa se tira a la basura? ¿O, por el contrario, hay que exigir que las empresas se hagan responsables de todas aquellas personas que las comprenden y que adapten los puestos de trabajo a las situaciones de cada trabajador? Evidentemente, todo eso requiere que se dote de más recursos humanos y económicos a los tribunales médicos para acabar con la arbitrariedad y con la desatención que sufren muchos ciudadanos. Si queremos una sociedad más justa es imprescindible que nadie se quede atrás, y eso solo se puede conseguir con una apuesta clara por la producción laboral y social.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.