«Señorías, todo el sector turístico español lleva diciéndole al Gobierno desde 2021 que el Real Decreto 933/2021, por el que se establecen obligaciones de registro documental e información en las actividades turísticas, es una barbaridad; que se puede compatibilizar la seguridad y privacidad de nuestros visitantes con la máxima protección y la eficiencia en la recolección de datos e información sin poner en peligro la viabilidad de las pequeñas empresas ni la competitividad del sector. Este real decreto que ha visto aplazada su entrada en vigor hasta tres veces y que, si el Gobierno no atiende al sector ni atiende a lo que planteamos en esta proposición no de ley, entrará en vigor el próximo día 2 de diciembre, tendrá un impacto muy significativo sobre la actividad empresarial diaria de miles de pequeños negocios turísticos en nuestro país. Señorías, todo el sector ha venido diciendo unánimemente que este real decreto supone, primero, inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento; ignora la complejidad operativa que obliga a recopilar datos, incluso antes de la prestación del servicio. Segundo, una desventaja competitiva respecto del mercado europeo, ya que se imponen obligaciones a nuestras empresas que las legislaciones nacionales de otros Estados europeos no imponen. Tercero, una falta de adecuación tecnológica. La infraestructura tecnológica que se impone no funciona ni está operativa. Cuarto, una carga administrativa desproporcionada, hasta más de cuarenta datos se piden a las unidades alojativas. Y, en el caso de entidades que alquilan vehículos a motor, hasta más de ochenta datos. Además, se impone la recolección de datos en transacciones de pago, datos que ni siquiera tienen los establecimientos turísticos en nuestro país, porque evidentemente los tienen los proveedores de servicios de pago, como estipula la normativa europea. Y quinto, la vulneración de la normativa europea, con la recolección y almacenamiento masivo de datos, que no es proporcional ni respeta el principio de mínima intervención, y al tiempo supone una intromisión muy grave en la propia intimidad y privacidad de nuestros turistas y usuarios. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos).»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.