«Miren, nosotros lo que sabemos es que este reglamento, que obliga a recoger hasta cuarenta datos y en algunos casos hasta ochenta, debe ser derogado de inmediato. Hoteles, campings, agencias de viajes, alquileres de coches, etcétera, el sector turístico completo de Cataluña ha denunciado la carga administrativa, la pérdida de competitividad, el desincentivo para el turismo que comporta este real decreto, sobre todo especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el grueso del sector en Cataluña, y también ha denunciado los riesgos y la responsabilidad que comporta para los profesionales del sector la aplicación de estas medidas de registro. Y el Gobierno español se ha negado a escucharlos, se ha negado a escuchar al sector. Y lo que es más importante que la afectación económica: se trata de una medida fiscalizadora más propia del Estado policial de la Albania de Enver Hoxha o del Ministerio de Seguridad del Estado, el STASI de la República Democrática Alemana de Erich Honecker que de un Estado democrático de la Unión Europea. Me resulta difícil entender que este golpe a la intimidad de los ciudadanos lo haya hecho un Gobierno que se autodefine como el más progresista de la historia. Quizás no debería extrañarnos, teniendo en cuenta que es obra del ministro Marlaska, un viejo conocido, muy conocido de los tribunales europeos. Es un reglamento de registros que aumenta exponencialmente los datos que hay que dar, incluyendo correo electrónico, tarjeta de crédito, relación de parentesco y un largo historial de datos, una desproporción que la propia Agencia Española de Protección de Datos considerada abusiva en un informe al que el Gobierno no ha hecho ningún caso; unos datos personales que irán a parar a los ficheros del Ministerio de Interior, cosa que, como demócratas e independentistas, no nos da ninguna garantía y sabemos que van a utilizarse en nuestra contra. Precisamente, lo ha venido demostrando la comisión de investigación de la operación Cataluña, tal y como vimos cuando compareció el cargo que va a tutelar y a construir estos datos, que es el secretario de Estado de Seguridad, en este caso con la comparecencia del señor Francisco Martínez y el DAO Eugenio Pino. ¿Qué garantía nos puede dar el Ministerio del Interior con esos datos?»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.