«El 26 de marzo de 2015, siendo el alcalde de Altafulla, paraban las obras ferroviarias por falta de permisos municipales y por la inexistencia de un estudio de impacto ambiental. La semana siguiente, el Ayuntamiento de Altafulla, que tenía el honor de presidir, presentó un contencioso administrativo contra ADIF por la falta de dicho informe de impacto medioambiental. Era una forma de garantizar que ADIF y el Ministerio de Fomento se sentaran a negociar para que pensaran en una alternativa al paso del tren de mercancías, alternativa para que esos convoyes no acabaran amenazando una línea que ya estaba saturada. En 2004, los pasajeros llegaban en más de una hora de Altafulla a Barcelona. Antes de las obras del túnel de Roda, el trayecto se había alargado en más de un 15 % si no había incidencias. Según las proyecciones de 2015, el paso de mercancías preveía que en 2050 pasara un tren cada treinta minutos en horario nocturno, ya que durante el día difícilmente se podía asumir ese volumen de trenes. Ninguna alcaldía se sumó al contencioso presentado por Altafulla. En aquel momento, los municipios estaban en su política de silos, que tanto daño ha hecho a Tarragona. Cuando se abre una puerta, se cierra una ventana. Hoy en día, el transporte de mercancías por ferrocarril, lamentablemente, sigue estancado, y las perspectivas de 10 % en 2030 parecen inalcanzables. Esto nos da margen, porque, una vez se acaben las obras de Roda y vuelva la normalidad a la línea entre Barcelona y Tarragona, llegará el momento de definir el futuro del ferrocarril y el corredor de mercancías.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.