«Además, los poderes públicos tenemos que garantizar que prime siempre el derecho de acceso a la vivienda no como un activo financiero, sino en esa función privada, pero no porque lo decidamos nosotros o porque nuestra ideología nos lo marque, sino porque también nos lo mandata la Constitución. No podemos ser constitucionalistas a la carta: me gusta el Título VIII o no me gusta y me desentiendo de él. No, a la carta no; la Constitución en su conjunto, y la Constitución nos habla de la prioridad de la función social frente a la propiedad privada. En ocasiones esto se suprime del debate público. En este segundo eje, para proteger la función social de la vivienda, el objetivo es la regulación, es poder movilizar los 3,5 millones de viviendas vacías que hoy existen en nuestro país, que no se pueden utilizar porque no existe demanda, para su uso residencial -luego me referiré también a ello, porque en muchos de esos lugares también se puede trabajar con la política para cambiar esa orientación-, es decir, viviendas para vivir. No al abuso de temporada, no al uso turístico ilegal y no a la generación de infraviviendas, con hacinamientos en las habitaciones, no; se trata de movilizar vivienda y de bajar el precio de los alquileres. Así es como queremos nosotros tratar la regulación, desde el rigor y la seguridad jurídica. Les he hablado de algunas medidas que ya son posibles, porque las estamos acompañando, y lo seguiremos haciendo, con fiscalidad favorable para el uso residencial y también con fiscalidad que penalice otro tipo de usos. Es la prioridad de los recursos públicos orientados a la vivienda para vivir. Esa regulación es imprescindible para desarrollar la ley de vivienda a la que antes me refería. Por ejemplo, como mandataba la ley de vivienda, estamos pendientes en este mismo trimestre de poner en marcha ese índice de referencia con el que trabaja el Instituto Nacional de Estadística. Ese índice también es regulación.»

Fragmento 20 de 25 de esta intervención.