«Señorías, desde luego, tenemos que acentuar, subrayar y poner todos nuestros esfuerzos en blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público. Aquí, las comunidades autónomas tienen mucho que decir. Espero, como les decía antes, que esto sea un acuerdo unánime, porque, si no, la vía de los hechos permitirá hacerlo ante un cambio de paradigma donde el Gobierno de España, a través de la ley de vivienda, tiene otros instrumentos para hacerlo viable. Otros retos pendientes tienen que ver con el desarrollo de la ley. Por ejemplo, el sistema de arbitraje. ¿Por qué no se está desarrollando? ¿Se demanda en los Parlamentos autonómicos? ¿Estamos pendientes de eso? Es un sistema que da garantías a los inquilinos y a los consumidores. ¿Alguien se está preocupando de por qué esto no se está haciendo? El ministerio, sí. O la implicación de los servicios sociales para la protección de las personas vulnerables. ¿Estamos atentos a esto? ¿Qué están haciendo las comunidades autónomas? ¿Quiénes tienen la competencia? ¿Hay mandato en la ley? ¿Sí? ¿Lo estamos fiscalizando?, pregunto. ¿Por qué digo esto? Porque, sin duda, el derecho a la vivienda afecta al resto de derechos, pero cuando una persona se encuentra en situación de vulnerabilidad, además de un techo, necesita una asistencia social, una cobertura para sus hijos, para su educación y para su empleabilidad. Creo que hemos de tomar esto en serio, a la vista también de ese dato que subrayaba antes del Banco de España: el 45 % de personas viven en exclusión y pobreza. Nosotros vamos a trabajar para que tengan una vivienda, pero otros muchos también tienen que trabajar para garantizar los derechos sociales de esas familias.»

Fragmento 21 de 25 de esta intervención.