«Señorías, la infancia de nuestros padres y abuelos tuvo de escenario las calles de nuestros barrios, pueblos y municipios; todos eran espacios seguros, espacios en donde las plazas, comercios y mercados eran una proyección de los hogares aledaños; lugares donde la nación también se encarnaba en gestos cotidianos, rutinas y herencias de valor incalculable, de esas que el Partido Socialista no es todavía capaz de gravar con impuestos. Hoy en cambio la realidad es muy distinta: la degradación material dibuja paisajes intransitables repletos de inseguridad, donde la inmigración ilegal campa a sus anchas por toda la nación y donde los españoles son expulsados de sus hogares de siempre, mientras los políticos, también de siempre, nos dicen que España va bien y que vamos como un cohete. (Aplausos). Decía Bravo Murillo que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el primer deber del Estado, y efectivamente es necesaria justicia y seguridad para proteger los derechos y las libertades y mantener el orden público. Y, señorías, en esta proposición de ley orgánica que traen ustedes como proposición de ley y no como proyecto de ley precisamente para evitar los informes preceptivos, se consuma la privatización de la seguridad para unos pocos, haciendo de un bien esencial un bien privativo para los privilegiados de siempre. (Aplausos). Porque los que van a sufrir las consecuencias de esta ley, señorías, son las personas que residen en los barrios más humildes y sencillos, mientras que todos ustedes, los que la impulsan, seguirán gozando de sus sistemas de seguridad de veinticuatro horas. Mientras tanto, para los españoles de a pie ofrecen precariedad, falta de certezas y delincuencia; impunidad para el inmigrante ilegal, pero severidad para el trabajador nacional; comprensión con los okupas, pero criminalización de los propietarios; prebendas para todos los enemigos de España, pero desprecio y abandono para los que trabajan sin descanso y garantizan nuestro sustento. (Aplausos).»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.