«Señorías, les pido que mediten sobre tres cuestiones sin prejuicios ni sectarismos. Primero, la devastación institucional. García Ortiz se aferra al cargo con el argumento de que es lo menos gravoso para la Fiscalía. Ya, lo saben mejor que nadie los propios fiscales, que ayer, incluso, se personaron contra él como acusación. No cabe mayor despropósito que un inferior jerárquico interrogando a su jefe en una causa penal. Y, sobre todo, no cabe mayor descrédito para la Fiscalía que estar a las órdenes de un presunto delincuente. Segundo, los correos incriminatorios. García Ortiz tiene la obligación moral, institucional y penal de entregar todos los correos que recibió y envió desde su cuenta privada los días álgidos de las filtraciones, del 5 al 18 de marzo. Es la mínima transparencia exigible a su cargo, ¿no creen? Y esperemos que no los haya borrado, no vaya a ser que el mismo Gobierno que insiste en propagar el bulo de que el PP rompió ordenadores a martillazos, sí, un bulo desmontado hace cuatro años por la Audiencia de Madrid (aplausos), esté amparando a un fiscal general del Estado que eliminó correos electrónicos para tapar sus delitos. (Aplausos). Ahora bien, sepa el fiscal, y sepan ustedes, que Google siempre atiende los requerimientos judiciales y guarda hasta incluso lo que borra el usuario. Con o sin correos, señorías, García Ortiz puede ser condenado, sí. Y esa condena no solo mancharía indeleblemente al Gobierno; también a los que hoy, sabiendo ya lo que saben, no apoyen su destitución.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.