«Potser estaria bé que el govern espanyol reconegués que, a més del senyor García Ortiz, hi ha altres víctimes del lawfare. Acabo amb les paraules de Gonzalo Boye: Voy a juicio porque hay un fiscal que no debería ser fiscal y que, con los recursos públicos, se ha empeñado en llevarme al banquillo y asegurarse de que acabe el resto de la vida en prisión. ¿Por qué? No por lo que yo hago, sino por a quién defiendo. Está claro que me lo harán pagar, soy consciente de ello, pero nadie podrá decir que he dejado de defender a los líderes independentistas, al movimiento independentista, ni un solo día. Gonzalo, des d'aquí només dir-te que serem al teu costat sempre. No deixarem caure, no deixarem caure a cap dels nostres sense donar batalla. Moltes gràcies. Señorías, contrariamente a lo que solemos hacer, voy a empezar por el final; es decir, anunciando el voto contrario de Junts per Catalunya a la proposición no de ley del Partido Popular que pide el cese del fiscal general del Estado, el señor Álvaro García Ortiz. Lo hacemos porque esta iniciativa legislativa solo es un capítulo más de una evidente operación de law fare, en este caso contra una persona que ocupa una de las instituciones más importantes en todo Estado de derecho: la Fiscalía General del Estado. Nosotros sabemos de qué va esto. Siempre empieza con una denuncia falsa; un informe de la policía con orígenes oscuros que tergiversa los hechos o que directamente los inventa; una denuncia que, obviamente, tiene unos fines que deshumanizan a la víctima y anticipan una condena mediática, y continúa con la asunción de este informe por parte de un órgano judicial de parte. En este momento gran parte del mal ya está hecho, pero muchas veces la cosa continúa con un juicio sin garantías y acaba con una sentencia injusta. Sabemos de qué hablamos y, si no, pueden preguntar al alcalde Trias, al conseller Homs, al presidente Mas, a los consellers Rull, Turull, Bassa, Romeva, Forn, al vicepresidente Junqueras, al presidente Puigdemont y a tantos y tantos otros que han sido víctimas del law fare del Estado español. Todo esto lo sabemos de primera mano y ustedes, señores del PSOE, en lugar de empezar por donde he empezado yo, es decir, denunciando rotundamente el abuso de derecho, el law fare y la injusticia, siempre han girado la cara. Esa es la historia de la Operación Cataluña. No son solo unos cuantos policías a las órdenes de la cúpula del Ministerio del Interior del señor Fernández Díaz, sino una operación de Estado que empieza en 2012 y se alarga hasta fecha de hoy. Implica a policías sí, pero también a periodistas, empresarios, a servicios secretos, a jueces, a magistrados y fiscales de todas las instancias. La Operación Cataluña es una operación de Estado para ilegitimar un Gobierno independentistas; una operación de los Gobiernos del PP y del Partido Socialista también, porque, si no recuerdo mal, fue durante los mandatos socialistas cuando muchísimas personas -políticos, abogados, periodistas- fueron espiados por razones estrictamente ideológicas con herramientas tan sofisticados como el programa Pegasus. El law fare, naturalmente, tiene una viga maestra: las togas. Lo hemos vivido durante toda la represión judicial de los últimos años y ahora ha vuelto a quedar en evidencia con la rebelión de los jueces y fiscales a la hora de cumplir su deber, que no es otro que aplicar la ley. Me refiero, obviamente, a la ley de amnistía.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.