«Como hemos visto hoy aquí, no hay que ser muy perspicaz para advertir que en el ataque del Partido Popular a la Fiscalía General del Estado no hay preocupación alguna por la independencia ni por la Constitución; por el contrario, lo que hay es la persistencia obscena en una vieja manía: dinamitar por cualquier medio toda institución que no controlen y que no puedan poner al servicio de la destrucción del adversario o del ocultamiento de su propia corrupción. Pregunto. ¿Cuál fue la contribución a la independencia de la Fiscalía General del Estado de Jesús Cardenal, nombrado por Aznar? Amenazar a cualquier fiscal que criticase al Gobierno y oponerse a la entrega a España de un acusado de delitos de lesa humanidad como Augusto Pinochet. ¿Cuál fue la gran aportación a la independencia de los fiscales Maza y Moix, nombrados por Rajoy y reprobados por una amplísima mayoría de esta Cámara por proteger al Partido Popular en sus casos de corrupción? En realidad, lo único que le ha faltado al Partido Popular es sacar a algún diputado a describir a la fiscalía como un cáncer del Estado, que es lo que hizo el señor González Pons con el Tribunal Constitucional cuando ya no lo controlaban. Y ahora, en efecto, han colocado a las instituciones del Estado ante una situación inédita: una imputación que puede ser formalmente admisible, pero que es un escándalo desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque, como ha dicho un jurista como Joaquín Urías, resulta chocante ese afán del Tribunal Supremo por perseguir filtraciones de documentos judiciales cuando es uno de los lugares desde donde más documentos se pasan ilegítimamente a la prensa. Y es aquí donde entra en escena el papel de un magistrado estrechamente vinculado al Partido Popular y a sus posiciones ultraconservadoras, Manuel Marchena.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.