«La Abogacía General del Estado defiende a los funcionarios y autoridades por actuaciones en el ejercicio legítimo de sus cargos. ¿Qué actuación hay en el cargo de presidente, de quien va a declarar como testigo en su condición de esposo de la investigada en un procedimiento judicial si lo primero que invoca precisamente para exonerarse de declarar es su condición de esposo de la investigada? ¿Es esposo y tiene derecho a no declarar o es presidente del Gobierno y quiere hacerlo por escrito y con la Abogacía General del Estado a su servicio? (Varios señores diputados: ¡Muy bien!). ¡Qué contradicción! Los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmiten, por unanimidad, la querella con argumentos tan evidentes que causan rubor a quien lee su auto. Y el ministro de Justicia, del que dependen la Abogacía General del Estado y la Fiscalía, que debiera ser el primero en velar por el respeto, la independencia y el funcionamiento normal de estas instituciones, es quien calla y quien permite el uso pervertido de estas en defensa de intereses personales de miembros del Gobierno y su familia y del Partido Socialista.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.