«Por si este panorama no fuera suficiente, no podemos olvidar que este Gobierno cuenta también, por primera vez en la historia, con un fiscal general del Estado -insisto, al igual que en la proposición no de ley que ha presentado mi grupo- que se halla investigado en un procedimiento por delito de revelación de secretos ante el Tribunal Supremo. No hay ni cese ni dimisión a la vista. ¿Puede soportar un Estado democrático que se precie la imagen de su fiscal general del Estado entrando a declarar como investigado ante el Tribunal Supremo, contestando a preguntas de un fiscal subordinado suyo? ¿Quién defenderá al fiscal general del Estado? ¿Tendrá que buscar abogado? ¿Ordenarán que sea un abogado del Estado? Como hemos visto, no hay ninguna colaboración con la justicia. Se ha intentado tapar la corrupción en una huida hacia adelante por todas las vías e incluso atacando a los jueces. Por todo ello, instamos al Gobierno, a través de su presidente, a dar explicaciones inmediatas sobre las relaciones mantenidas por el propio presidente y su entorno familiar con el empresario Víctor de Aldama, hoy en prisión; y sobre las razones reales del cese del ministro Ábalos; sobre las reuniones en donde se trató el rescate de Air Europa y las personas que acudieron a cada una de ellas; sobre las razones y todas las circunstancias del viaje de Delcy Rodríguez a España después de tantas contradicciones y mentiras. Por último, instamos a respetar a la Abogacía General del Estado, y a no usarla contra jueces y magistrados de este país, que cumplen con su deber de investigar las denuncias presentadas hasta el esclarecimiento de los hechos.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.