«Así que la prevalencia de abusos sexuales a menores es una cuestión que no podemos continuar negando y ante la que nos tenemos que ver. Por tanto, esta proposición es un paso para debatir una de las vías que muchas de las víctimas exigen para poder tener formas de reparación. No puede ser la única, eso está claro. No es una vía de reparación para víctimas que la han impulsado. No es suficiente, lo sabemos. Y no es suficiente tampoco el evitar que esto ocurra, pero sí es una propuesta de trabajar. Llevamos muchos meses trabajando distintos grupos parlamentarios con asociaciones de víctimas, después de años de silencio y encubrimiento. ¿Qué es lo que se propone? Se propone la modificación del Código Penal con esta idea que se conoce como el derecho al tiempo. Es lo que se comentaba antes, tenemos tres fases en las que estos procesos ocurren: negación, autoculpabilización y, luego, asimilación. Y esto depende mucho del contexto en el que crece la criatura, el niño, la niña, el adolescente o la adolescente. Se propone que el plazo de prescripción del delito sea a partir de que la víctima cumpla 35 años. Es decir, es cierto que la imprescriptibilidad algunas veces genera polémica, pero también se reclama por el silencio que ha rodeado estos abusos durante muchísimos años y la falta de acompañamiento institucional para tener vías de reparación. No obstante, este Congreso de los Diputados no ha trabajado solo esta vía. Yo creo que es de justicia reconocer la ley Rhodes, la ley de defensa de la infancia, impulsada en su momento por el vicepresidente Pablo Iglesias para abordar la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva integral, esencial para abordar todas las dimensiones de esta realidad.»

Fragmento 9 de 10 de esta intervención.