«Por lo demás, me parece importante decir que esta propuesta que se trae hoy aquí podría haber sido perfectamente articulada a través de un anteproyecto de ley. Los anteproyectos de ley tienen la virtud -que el conjunto de los miembros de esta Cámara conoce, pero quizá no el conjunto de la ciudadanía- de permitirnos a los diputados actuar con conocimiento de causa, porque un anteproyecto de ley requiere de los dictámenes de los órganos consultivos -el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado-, que dotarían de mucha mayor legitimidad una medida como esta. Por tanto, somos críticos como lo fuimos en el Parlamento de Cataluña. Yo recuerdo el discurso de mi compañero, Daniel Serrano, que habló precisamente de la defensa del principio de competencia, del principio de proporcionalidad de las penas y, en definitiva, del principio de coherencia normativa. Es imprescindible tener en cuenta ese principio de coherencia normativa para adoptar medidas en el Congreso de los Diputados, y nos parece que la mejor manera de hacerlo no es a través de una proposición de ley que hurta a los diputados y al conjunto de la ciudadanía la capacidad de expresar su opinión a este respecto; eso sin perjuicio de que nosotros consideremos que, por especial sensibilidad y solidaridad con las víctimas, es interesante explorar esta medida y nos parezca que es necesario dar cauce a esta propuesta proveniente del Parlamento de Cataluña. Por eso nosotros vamos a votar favorablemente esta medida. En todo caso, creo que es importante que recordemos la exigencia de escuchar también a los órganos consultivos del Estado. Por otro lado, ya anunciamos que solicitaremos un trámite de comparecencias de expertos, de juristas que doten de mayor legitimidad y, en definitiva, de mucha mayor consistencia a la posible reforma del Código Penal que salga de este debate.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.