«Señorías, estos datos tienen detrás un nombre, un apellido, una familia y un entorno que se ha roto. Como no podía ser de otra manera, esto se ha llevado a cabo con un trabajo muy dificultoso. Ha sido un trabajo ímprobo el de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los equipos forenses y sus auxiliares para detectar los cuerpos y, luego, proceder a su identificación. Y en ese sentido, señorías, quiero decir que tenemos que ser absolutamente rigurosos. Ningún Gobierno puede ni debe ni cabe que pueda ocultar cifras, porque hay organismos establecidos para ello. Estamos hablando de personas que han perdido la vida y, con ellas, de familiares que tenían esperanzas de que su ser querido pudiera aparecer vivo, y todo ello se disipa cruelmente cuando aparece su nombre entre los fallecidos. Esto, señorías, exige a las administraciones y a los partidos políticos toda responsabilidad; por tanto, esta tragedia no se puede convertir en un instrumento partidario. Por ello, en el Gobierno de España hemos sido y seguiremos siendo escrupulosos ante una responsabilidad que tiene además el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que traslada todos los días las cifras de las denuncias de desaparecidos, de personas fallecidas, de personas identificadas y de los cuerpos entregados a las familias, y a eso nos vamos a seguir remitiendo. Como digo, detrás de cada cifra hay un drama y un daño irreparable, y, por ello, el Gobierno de España seguirá exigiéndose el máximo rigor. Eso significa, señorías, que les debemos la merecida dignidad a las personas que han fallecido y el máximo consuelo a sus familiares y amistades.»

Fragmento 18 de 31 de esta intervención.