«En el Consejo de Ministros del martes 5 de noviembre, el Gobierno de España aprobó dos resoluciones: por un lado, el acuerdo de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para todos los municipios afectados por la DANA de las distintas comunidades: la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Islas Baleares, Aragón y Cataluña, que activaron las alertas pertinentes. Por otro lado, en el mismo Consejo de Ministros, se aprobó un real decreto ley urgente, necesario y de aplicación inmediata, que se publicó al día siguiente, con un conjunto de medidas concretas para ayudar a los damnificados, dotado con 10 600 millones de euros. Este decreto contempla que se multipliquen por cuatro las cantidades económicas que se recogen en el Real Decreto 307/2005, para paliar los daños personales y materiales por fallecimiento, incapacidad, enseres o viviendas, sin considerar, además, umbrales de renta. Asimismo, el Gobierno de España va a transferir hasta 72 000 euros por casos de incapacidad; para reparar viviendas, entre 20 000 y 60 000 euros; para reparar mobiliario y enseres, hasta 10 300 euros; para las comunidades de propietarios, ayudas de hasta 37 000 euros; ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas por cerca de 900 millones de euros, según la magnitud del daño que han sufrido. Las ayudas a empresas oscilarán entre 10 000 y 150 000 euros. En estos casos, además, vamos a simplificar hasta el extremo los trámites para que las puedan percibir; bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, beneficiando a unos 65 000 trabajadores autónomos y a unas 30 000 empresas. Porque, junto con las ayudas que el Gobierno de España ha aprobado y va a seguir aprobando, está también el compromiso y la voluntad de que se haga con la mayor agilidad posible.»

Fragmento 20 de 31 de esta intervención.