«Para los trabajadores y las trabajadoras, hemos tomado la medida de crear una incapacidad temporal extraordinaria para trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos provocados por la DANA, con la garantía de que perciban el 75 % de su salario desde el primer día de incapacidad. A los autónomos que se vean obligados al cese de actividad, a parar o suspender su trabajo se les respaldará con una prestación equivalente al 70 % de la base de cotización. Para aquellas personas que perciban el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas, se ha aprobado un aumento del 15 % durante los tres primeros meses. También para empresas y autónomos se articulará una línea de avales DANA por valor de 5000 millones de euros a través del ICO, de los que el Consejo de Ministros ya ha aprobado el primer tramo por 1000 millones. Gracias a la reforma laboral, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un expediente regulador temporal de empleo -un ERTE- estarán exentas de pagar el 100 % de las cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla al menos hasta febrero de 2025. El recuento de las empresas que se han acogido al ERTE hoy en día, junto con las que ya había, supone unas 10 500 personas trabajadoras beneficiadas. Y les traslado que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con las entidades bancarias en materia crediticia para que los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas que tengan un crédito con o sin garantía hipotecaria puedan posponer el pago íntegro durante tres meses y pagar solo los intereses durante nueve meses adicionales. Esto es un alivio directo para las economías familiares afectadas.»

Fragmento 21 de 31 de esta intervención.