«No podemos obviar que el sistema de justicia de nuestro país padece desde hace décadas y décadas unas insuficiencias estructurales y teníamos la tarea de que el funcionamiento de este servicio público fuese eficiente y también justo, sobre todo justo, para la ciudadanía. En este sentido, creo que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno que da un paso en esa dirección para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual. Si queremos que las mujeres acudan a la justicia y vean también en la justicia una puerta de entrada segura para salir de esa violencia machista y para dejarla atrás, la justicia tiene que estar especializada, tal y como recoge la ley solo sí es sí. Por eso, gracias a este acuerdo se va a hacer efectivo el derecho a la justicia gratuita para todas las víctimas de violencia sexual y también nos hemos dado un plazo máximo de nueve meses para que, tanto los juzgados de Violencia sobre la Mujer como la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, directamente asuman las competencias que tengan que ver con la violencia sexual. Por eso, creemos que es un paso importante que se incluya esta garantía en esta ley. Esta especialización judicial es un compromiso al que obligaba la ley del solo sí es sí, pero un año después de su entrada en vigor el Estado ya acumula un año de retraso en la implementación de estas medidas, que son absolutamente imprescindibles para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.