«Esta reforma consiste, como dije antes, en adaptar la justicia al siglo XXI, mejorar su organización, pero también sus procedimientos; una organización mediante la creación de tribunales de Instancia en cada partido judicial, sustituyendo el viejo esquema de juzgados unipersonales creado en el siglo XIX. Estos tribunales reducirán la sobrecarga de los juzgados y agilizarán los procesos. Paralelamente, se crean las oficinas de justicia en los municipios y se establece un nuevo modelo de oficina judicial vinculando a cada uno de estos tribunales. Y sus procedimientos, modificando las leyes procesales más importantes de este país -Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley reguladora de la Jurisdicción Social, Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y Ley de Enjuiciamiento Criminal- con un objetivo claro: garantizar una mayor agilidad y accesibilidad al proceso judicial. Apuesta de forma decidida por los medios alternativos de solución de controversias, que aliviará la carga de los tribunales y fortalecerá la cultura del diálogo, ofreciendo a la ciudadanía respuestas más rápidas y satisfactorias. Este proyecto de ley es el esfuerzo de un proceso de colaboración y esfuerzo continuado. Hace ya seis años, desde el Plan Justicia 2030, se está trabajando en esta reforma, que tuvo como primer paso la convalidación del Real Decreto 6/2023, que aborda cuestiones procesales, así como de digitalización e innovación tecnológica. Quiero reconocer desde aquí el trabajo incansable del actual Ministerio de Justicia y de los que le han precedido que, junto con el ministro, hoy nos acompañan; así como de los servicios de la Cámara, los letrados y las letradas de la Comisión de Justicia; de mis compañeros Mercè y Paco, que han dado el máximo compromiso para mejorar cada línea de este texto, sin olvidar a la infatigable asesora del ministerio, Nuria, y a los asesores del grupo, Vicente y Sandra.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.