«¿Por qué, señor Bolaños? ¿Por los millones famosos del componente 11? ¿Por impulsar el Estado de derecho? Pero vamos a ver, si esta ley se preocupa de flexibilizar requisitos para hacer la vista gorda en el traspaso de fondos de grupos municipales a partidos, cambia las normas sobre controles en la entrega de documentación el día electoral, vuelve a despreciar el principio de igualdad del Estado entregando los habilitados nacionales de las Corporaciones Locales a las comunidades... ¡Ah, no, no, perdón: al País Vasco! ¿Esto es el impulso del Estado de derecho? ¿Esto es modernización de la justicia? ¿Esto es respeto a todas las comunidades autónomas? (Aplausos). No, no, no se respeta a las comunidades autónomas, con las que no pactan, a las que no dan fondos. ¿Qué les va a decir la próxima semana en la conferencia sectorial? Que sí o sí, a tragar. ¿Y la justicia? Esta ley iba de justicia, ¿verdad? Regulan los medios adecuados de resolución de controversias, pero no hay prisas para que entren en vigor; reformas procesales parciales discutidas y discutibles -la LECrim- y otras que modifican el Real Decreto Ley 6/2023, cuyo proyecto está congelado en esta Cámara. No es importante la justicia para el Gobierno, no se engañen. Esta ley, si no lo evitamos, tiene un efecto previsible, que es bloquear el funcionamiento de la justicia. Y, señorías, 200 enmiendas avalan lo que nosotros pensamos; 200 enmiendas sobre las que se ha ejercido ingeniería inversa para no aprobar las del Partido Popular, pero utilizan 25 -que eso no lo dicen- para poner el mismo texto del Partido Popular. ¿Eso es colaboración? En fin, ¡para qué les voy a hablar! (Aplausos).»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.