«Recientemente, hemos vuelto a ver el mismo método para que la gente contratara una alarma para que, supuestamente, no le okuparan su casa. En España, en 2022 se produjeron 17 000 denuncias, de las que solo un 5 % fueron ocupaciones ilegales, es decir, 850 okupaciones de viviendas de primera y segunda residencia en toda España. Gracias a la derecha, a la publicidad de los medios de comunicación y a la alarma creada, hoy muchos de esos 26 millones de viviendas que hay en España tienen instalada una alarma en su vivienda. Negocio redondo. Volviendo a la luz y al gas, el grupo de izquierdas Plurinacional SUMAR no está solo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, también denuncia que las comercializadoras no son transparentes, ni antes ni después ni durante la contratación, y que incurren en prácticas engañosas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha propuesto poner fin a las llamadas fraudulentas y la contratación telefónica solo será posible si llama el propio cliente o si le llaman tras solicitarlo explícitamente. Pero cuando este tipo de fraudes se solucionen, aparecerán nuevos. ¿Y para qué el ADR? En ciertos ámbitos, como el laboral, ya existe la conciliación obligatoria. Ampliar este enfoque a otros tipos de procedimientos ayudará a resolver muchos conflictos de manera más rápida y económica. La implementación del ADR como paso obligatorio antes de litigar aliviará la carga de trabajo de los tribunales de España. Hemos de trabajar para dar a conocer el ADR, al igual que las juntas arbitrales de Consumo. De igual forma, hemos de estar vigilantes para que estas fórmulas avanzadas de resolución de conflictos entre empresas y consumidores no se conviertan en un servicio de atención al cliente y de reclamaciones de las grandes multinacionales a cargo de los fondos públicos de la Administración. Por eso, las Administraciones de consumo y la CNMC, una vez que se haya constituido el ADR, no pueden olvidarse del problema e igual que ellos utilizan la inteligencia artificial para enchufarnos sus productos, las Administraciones deben utilizar las mismas herramientas para seguir aquellas prácticas que no son errores, sino políticas de empresa que buscan de forma reiterada el beneficio extraordinario con el abuso hacia los consumidores y sancionar; naturalmente, sancionar.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.