«El pasado mes de febrero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cifró en 508 las agresiones a funcionarios durante 2023, un 12 % más que en el año anterior, pero un 126 % más que hace cinco años, lo cual está convirtiendo a este colectivo en los funcionarios que más agresiones están recibiendo de toda la Administración General del Estado. Esto significa que, de media, cada dieciséis horas agreden a un funcionario de prisiones. Por eso, resulta imprescindible establecer medidas eficaces contra estas agresiones en su ámbito laboral. Aunque el protocolo de actuación frente a las agresiones en centros penitenciarios y centros de inserción les reconoció por primera vez de forma explícita la condición de autoridad pública, he de señalarles que no hay ningún texto con rango de ley que les reconozca esta condición. Por tanto, creemos que es muy importante que se haga. He de resaltar que -justo hoy hace una semana- el secretario general de Instituciones Penitenciarias, con motivo de su comparecencia en la Comisión de Interior de esta Cámara, dijo textualmente que creía que era positivo y necesario el reconocimiento de la condición de autoridad, urgiendo a los grupos parlamentarios a aprobar esta condición de agentes de la autoridad, ya que, como dijo, la responsabilidad es del Poder Legislativo, añadiendo además que la norma se encontraba en esta Cámara. Y, efectivamente, existe una proposición de ley del Senado, que entró en esta Cámara, para el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios penitenciarios, proposición de ley cuyo trámite tiene congelado la presidenta del Congreso, señora Armengol, que ha prorrogado hasta en dieciocho ocasiones el plazo para la presentación de enmiendas (aplausos), dando cumplimiento a lo que ordena el Gobierno. Exactamente, la última prórroga es de esta mañana. Y también tiene parada la tramitación de otra proposición de ley del Grupo Socialista. Esto pone de manifiesto, en evidencia, la debilidad parlamentaria de este Gobierno, que, para evitar perder votaciones al no contar con los votos de sus socios de investidura, han sumido al Congreso en una cámara absolutamente paralizada, a la que están usurpando sus competencias legislativas. Por poner un ejemplo, no tenemos más que ver el espectáculo caótico y bochornoso de la Comisión de Hacienda de ayer, en la que el Gobierno mantuvo retenidos a todo el personal de la Cámara y a los diputados hasta la una de la madrugada porque no le salían los números. (Aplausos). Esta circunstancia es de una gravedad extrema, ya que, debido a la injerencia del Ejecutivo en el Poder Legislativo, se está poniendo en peligro un principio fundamental de nuestra democracia, como es la separación de poderes. No sé si el secretario general, cuando apremiaba a los diputados a reconocer con urgencia precisamente en esta Cámara la condición de agentes de seguridad, lo dijo por desconocimiento o por mala fe.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.