«Lo que les propongo -aprovecho para proponérselo a todos los grupos parlamentarios- es que nos centremos en los problemas pendientes de resolver en las prisiones, que son otros, no es este -ya hay una PL en marcha cuya tramitación está a punto de acabar-. Les proponemos un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, para aliviar la sobrecarga y la limitación de los recursos de los funcionarios, para abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, para aliviar su escasa remuneración, la falta de medios técnicos para atender a los internos y la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Un médico o una médica en una prisión española no puede acceder informáticamente al historial médico del interno porque no puede acceder a las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, salvo en tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y Cataluña, las únicas que han cumplido la Ley 16/2003 e incorporado los servicios sanitarios y de salud penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de sus comunidades autónomas. Es una obligación que tenían todas las comunidades autónomas antes -¡atentos!- del 1 de diciembre de 2004; es decir, desde hace veinte años numerosas comunidades autónomas no cumplen con este mandato. Iba a preguntárselo al señor Feijóo, pero no está, o a la señora Gamarra, pero tampoco está, así que, señora Luna, se lo tengo que preguntar a usted: ¿va el Partido Popular a incorporar los servicios de salud penitenciarios en la sanidad pública en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia? (Aplausos). Y también le pedimos al Partido Socialista que lo haga en Castilla-La Mancha y Asturias. En esta última estamos en el Gobierno, así que nosotros nos vamos a poner ya a trabajar para que se haga esa transferencia.»

Fragmento 4 de 4 de esta intervención.