«Señorías, como ya les he señalado antes, la inseguridad en el acceso a la interrupción del embarazo no se circunscribe a la extrema derecha. Son muchas las comunidades autónomas en las que acceder a este derecho es difícil. Y aquí Castilla y León vuelve a destacar. La no actualización del registro de objetores hace que esta prestación deba ofrecerse en clínicas privadas y, además, se hace a través de ofertas públicas muy por debajo del coste que requiere esta prestación. Esto se traduce en viajes inasumibles por parte de las pacientes, en tener que correr por su propia cuenta con gastos que no les corresponden y, además, también supone la imposibilidad de acceder al método que desean emplear para interrumpir su embarazo. Por cierto, esto también es un derecho gracias a una enmienda que planteó el Grupo Socialista en la última renovación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Por ello, señorías, a través de esta iniciativa queremos que el Congreso se comprometa a exigir a todas las comunidades autónomas que cumplan la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (aplausos), que garanticen este derecho como lo que es: una prestación sanitaria que está en la cartera de servicios de nuestra sanidad pública, ni más ni menos. Esto no puede demorarse más, señorías. Trasladamos esta exigencia bajo la convicción de que ahondar en derechos y garantías es la mejor forma de plantar cara a quienes quieren recortar derechos.»

Fragmento 4 de 4 de esta intervención.