«Ustedes presentan una iniciativa para instar al Gobierno, a sus socios de Gobierno -en este caso a SUMAR, que es quien está al frente de Sanidad-, a que desarrollen la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva. No se olviden que, haciendo referencia a la objeción de conciencia y a un posible registro de objetores, es preciso tener presente lo que dicen los artículos 18, 19 bis y 19 ter. Señorías, estamos hablando de una ley de aplicación por los profesionales sanitarios que fue redactada sin recabar su opinión ni la de las sociedades científicas, y que se tramitó sin los informes pertinentes del Consejo de Estado ni de la Comisión de Bioética. Es una ley que rezuma hostilidad hacia los profesionales sanitarios a quienes no escucharon. El registro médico de objetores de conciencia, además de cercenar un derecho constitucional, oculta la voluntad de castigar a quienes, ejerciendo su derecho, se niegan a practicar abortos. Tiene un sospechoso tufo a lista negra y, por su carácter público, puede limitar el derecho reconocido en el artículo 18 de la Constitución.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.