«Es muy importante recordarles que el pasado 17 de septiembre el Consejo de Ministros de este Gobierno aprobó el Plan de Acción por la Democracia, un plan que constituye una hoja de ruta para fortalecer los principales elementos de nuestro Estado de derecho. Este plan del Gobierno, que contempla la reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, trata de dotarnos de un marco avanzado y garantista que sustituya la actual normativa preconstitucional. En una democracia plena se debe respetar el principio de publicidad, el acceso a la información pública y la transparencia en la actuación de los poderes públicos. En este sentido, señorías, existe la voluntad política y solo falta un trabajo sosegado y un acuerdo amplio para tener un texto que proteja al máximo los derechos de la ciudadanía y la seguridad nacional. Recuerden que ya en la pasada legislatura se aprobó un anteproyecto de ley en Consejo de Ministros que fue sometido al trámite de información pública y a los informes necesarios del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, de la Fiscalía y del Consejo de Transparencia. Sería, pues, necesario avanzar en temas tales como el concepto de seguridad nacional, que justifique en su caso la no desclasificación, y el plazo para la desclasificación automática, adecuar los plazos a los mejores estándares europeos. En este sentido, se puede compartir la necesidad de una desclasificación automática de los asuntos acerca de los que ya ha pasado un determinado tiempo, una desclasificación basada en criterios claros y no de oportunidad política. Lo requiere la democracia, la transparencia y las exigencias de publicidad e incluso de conocimiento por parte de investigadores, historiadores y escritores. Por lo tanto, es necesario acordar un plazo y, sobre todo, un régimen transitorio para aquellos documentos que serían automáticamente desclasificados al entrar en vigor la ley -al haberse cumplido ya ese plazo- y que pudieran implicar un riesgo para la seguridad nacional o para los derechos individuales de algún ciudadano. Hay que buscar el necesario equilibrio entre un principio general de publicidad y transparencia que exija que los documentos se desclasifiquen automáticamente en un plazo determinado de años con la necesaria preservación de otros valores. Me refiero, por ejemplo, a la seguridad nacional, pero también a otras dificultades técnicas para poner en marcha toda la desclasificación masiva que se pueda llegar a producir.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.