«Esos problemas de servicio también redundan en la desigualdad territorial y en la discriminación de quienes vivimos en el mundo rural. Municipios como Quinto, Azaila o La Zaida sufren un abandono que condena a su población al aislamiento y a depender del transporte privado. La movilidad pública debería ser un puente hacia otras oportunidades y no un muro que limite el desarrollo. Es una condena de muerte a quien no puede coger el coche: personas con discapacidad, con movilidad reducida, personas mayores o simplemente personas que no tengan el carné de conducir. Ahora vienen y nos dicen al mundo rural aragonés y a todo el mundo rural del Estado que no usemos el coche, que contamina, y eso genera mucho rechazo allí, porque no se entiende. Claro que no queremos utilizar el coche, claro que queremos descarbonizar, pero es que no hay ningún tipo de servicio, no hay trenes, no hay una alternativa, no hay buses, ¡no hay nada! La movilidad es un derecho y es un servicio público esencial; es el derecho del que dependen muchos otros. Si en un pueblo no tienes coche, no tienes el derecho de ir a la escuela; si no tienes coche, no puedes tener ocio; si no tienes coche, no puedes ir al hospital. No podemos tratarlo como un servicio secundario que pueda venir aquí con recortes y que pueda tener unas políticas al final mal gestionadas. Invertir en movilidad pública es invertir en igualdad, sostenibilidad y progreso. (Aplausos). En este sentido, es preciso recordar otra vez -y recordamos otra vez, otra vez- que las obligaciones de servicio público en Aragón son insuficientes. Por eso, exigimos al Estado una revisión de esas obligaciones de servicio público, mejorar las frecuencias en las líneas como Zaragoza-Teruel, Zaragoza-Binéfar hasta Lleida -como reivindican- y la Caspe-Mora para garantizar la fiabilidad, así como reformar las infraestructuras y la seguridad.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.