«Desgraciadamente, en el nuevo escenario climático la previsión es que episodios de esta envergadura dejen de ser excepcionales y sucedan con mayor frecuencia. La gravedad de su impacto y el riesgo para la población dependerá de nuestra capacidad de prevención, de preparación y de gestión de la emergencia en aquellos supuestos en los que lamentablemente esta llegue a producirse. Una preparación que requiere el compromiso activo de todos los niveles de Administración, la implicación del conjunto de la sociedad y también que todos aprendamos de una experiencia tan dura como la que estamos viviendo para mejorar. Permítanme que en mi intervención haga también un pequeño apunte competencial, porque, como sus señorías saben, la ley asigna al Gobierno de España dos competencias claras en materia de protección civil: generar avisos y datos meteorológicos e hidrológicos y prestar apoyo a las autoridades competentes en protección civil y al mando único de la emergencia. En el ministerio dos organismos han tenido participación directa en la identificación de los riesgos asociados a la DANA: la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Agencia Estatal de Meteorología es responsable de la observación y elaboración de previsiones meteorológicas en España y la Confederación del Júcar es responsable de la gestión hidrográfica de la cuenca y, como el resto de las confederaciones, dispone de un sistema automático de información hidrológica que ofrece datos de carácter público y en tiempo real sobre la pluviometría, el nivel y volumen de los embalses y el nivel y caudal de sus ríos. Los dos organismos trabajan con evidencia empírica y su personal es eminentemente técnico. Son los organismos de Protección Civil los que usan dicha información, junto con el resto de los datos relevantes en el terreno, incluidas las llamadas al 112, en su proceso de toma de decisión, emisión de alertas y la gestión de las emergencias. Son los organismos de Protección Civil autonómicos los responsables de contactar con los ayuntamientos. En ambos casos, los sistemas de información y los canales de comunicación establecidos aseguran que de manera sistemática los datos generados estén a disposición de las autoridades competentes en materia de protección civil, a fin de que estas puedan gestionar la emergencia y emitir alertas a la población cuando la situación lo requiera, identificando las medidas más adecuadas para su protección.»

Fragmento 3 de 21 de esta intervención.