«Estas víctimas han de tener derecho -es la obligación del Gobierno- a asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a través de áreas especializadas que se creen en las oficinas de víctimas, áreas homólogas a los centros de crisis 24 horas que ya establece la ley del solo sí es sí y que el Gobierno ya tenía que haber puesto en funcionamiento en cada provincia. Y, por supuesto, es imprescindible obligar a la Iglesia católica a un proceso de reparación público, simbólico y económico que ofrezca un poco de justicia a estas personas, la que no han obtenido del sistema de justicia ni de la propia Iglesia. Además, hay que asumir de una vez que la Iglesia y sus miembros tienen que cumplir con las mismas leyes que el resto de la ciudadanía. Por último, no hay más que leer algunas de las recomendaciones del informe para darse cuenta de que España necesita una reflexión a fondo sobre su sistema educativo. El Estado, lo público, no puede seguir dejando en manos de la Iglesia, que ha demostrado una y otra vez que tiene una estrategia de encubrimiento permanente de la violencia sexual, la educación de un altísimo porcentaje de nuestros niños y nuestras niñas que acuden a la educación concertada con esta institución. (Aplausos). Separar los espacios donde se forma a nuestra infancia de una institución que no hace nada para atajar su terrible problema de violencia sexual es, señorías, una urgencia democrática. Muchas gracias. (Aplausos).»

Fragmento 3 de 3 de esta intervención.