«Frente a esto, ¿qué podemos hacer? El mismo Defensor del Pueblo abre la posibilidad a la redacción de una ley, porque las mismas víctimas también piden al Estado que garantice que la Iglesia lleve a cabo una labor restaurativa, de investigación y de reparación; una Iglesia que muchas veces ha encubierto el dolor, y ese encubrimiento genera más dolor a veces que el propio abuso. Ahora que tenemos el informe, hay que impulsar efectivamente medidas de reconocimiento y reparación; también reparación económica, hay que poder hablar de la creación de ese fondo de compensación financiado íntegramente por la Iglesia católica. También hay que reconocer la inactividad de los poderes públicos; la necesidad de activar -se han comentado por parte de otros compañeros diputados- en las instituciones educativas, públicas y privadas, la inspección para que sea mucho más proactiva; la necesidad de crear un espacio autónomo que genere confianza, una instancia independiente de escucha y reparación que apliquen mecanismos de justicia restaurativa; garantizar la no repetición; la obligación de formar a las personas que tengan personas a su cargo; la posibilidad de investigar los casos que han ocurrido ahora; y, exacto, la educación sexoafectiva basada en la evidencia continuada, y la reparación vinculada a la asunción de responsabilidad; por eso la propuesta de la creación de esta comisión de trabajo a partir de ya. Básicamente, es porque ahora tenemos la oportunidad de hacer política y de hacer política para que las instituciones merezcan la pena. Gracias. (Aplausos).»

Fragmento 4 de 4 de esta intervención.