«Hoy finaliza la encomienda que este Congreso le hizo al Defensor del Pueblo para que presentase un informe que debatimos hoy. Como se señala en las páginas del mismo, es necesario responder. Por eso la necesidad de este plan, que ni pretende zanjar el tema ni pretende ser la última palabra. Ahora es el turno de las instituciones y de los poderes públicos, ahora es el turno de la política. Señorías, el extenso informe que nos ha presentado el Defensor del Pueblo ha tenido como finalidad el análisis y la respuesta de una serie de recomendaciones y conclusiones sobre la base del necesario reconocimiento, reparación y atención a las víctimas, a la prevención, investigación e información y, sobre todo, a la sensibilización sobre un gravísimo problema que ha afectado a tantas personas y que ha durado demasiado tiempo, señorías. En este sentido, el Gobierno de España presentó en el mes de abril su plan de respuesta ante el informe del Defensor del Pueblo sobre la base de dos grandes objetivos: por un lado, mejorar la eficacia del sistema integral de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia y el abuso sexual y, por otro, dar una respuesta específica a los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica, en particular a aquellos para los que por el tiempo transcurrido no sea posible instar las acciones penales previstas en la legislación vigente. La voluntad del Gobierno del presidente Pedro Sánchez en esta cuestión es clara: el único ánimo es el de saldar una deuda con todas las víctimas que durante tantos años han estado olvidadas y silenciadas, por lo que se debe reparar su daño y se les debe poner en el centro de la acción política, pero para ello es necesario que la Iglesia católica dé también pasos en este sentido.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.