«La dificultad de la tarea de investigación de los abusos en menores y de la elaboración de este informe es enorme desde cualquier punto de vista. Desde la perspectiva jurídica, se trata de casos que mayoritariamente han prescrito por el largo tiempo transcurrido, ya que se produjeron fundamentalmente en las décadas de los sesenta a los ochenta del siglo XX y afectan a personas que en muchos casos han fallecido o tienen una edad avanzada, lo que incide tanto en su recorrido judicial, que es mayoritariamente inexistente, como en el propio esclarecimiento de los episodios e incluso en la exactitud de los datos que se puedan recabar. Hay que tener en cuenta, además, que la Iglesia cuenta con un derecho propio, el canónico, con un estatuto jurídico especial para los religiosos que solo desde la aprobación de la Constitución española se va aproximando al del resto de la ciudadanía, coincidiendo en la actualidad las normas del derecho canónico de carácter espiritual y las del derecho de la sociedad civil. También es muy difícil desde la perspectiva psicológica, porque son hechos muy dolorosos para las víctimas y que han tenido profundas repercusiones de todo tipo en sus vidas, consecuencias que se analizan también en el informe. El tiempo transcurrido afecta igualmente a la capacidad reparadora de las medidas que puedan ponerse en marcha. Y desde una perspectiva espiritual, se trata de episodios acaecidos en el seno de la institución que representaba para muchas víctimas el referente de autoridad moral en sus vidas y las de sus familias, y por ello resulta aún más necesario, pero también más difícil, el proceso de reparación del daño causado a la persona desde una perspectiva integral.»

Fragmento 2 de 7 de esta intervención.