«En quinto lugar, regulamos ayudas en el ámbito bancario, de tal manera que se suspende el pago de créditos, con y sin garantía hipotecaria, a los afectados por la DANA. En sexto lugar, abordamos también ayudas a la Administración local, de tal manera que apoyemos a esos ayuntamientos que siguen todavía en primera línea de lucha contra los efectos que ha tenido la catástrofe. El Estado va a financiar el 100 % de los gastos de emergencia en los ayuntamientos en lugar del 50 % que dispone actualmente la norma; y así garantizaremos el suministro de agua potable, la evacuación, la retirada de lodos, el alojamiento, la alimentación de afectados y la limpieza de vías, incluyendo la retirada de los enseres. También aprobamos una subvención del 50 % del coste para las obras que tengan que llevar a cabo los ayuntamientos para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios, incluyendo carreteras, puentes, polideportivos y todo tipo de infraestructuras municipales. En séptimo lugar, también adoptamos medidas en materia judicial, de tal manera que se suspenden plazos administrativos y judiciales, y se adoptan medidas para agilizar toda la actividad de notarios y registradores para los afectados, para que puedan solicitar sus ayudas y certificar la ubicación de sus bienes inmuebles, todo de manera telemática, como ya se hizo con los afectados por la catástrofe del volcán de La Palma.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.