«Pero, señorías, el esfuerzo colectivo de la ciudadanía no es suficiente, el Estado ha de ser el garante para que el abandono del Partido Popular no empeore aún más la tragedia. Este decreto ley no es solo un texto legal, es una herramienta de reparación y justicia, y quiero destacar algunos de los puntos que recoge: ayudas directas a las víctimas y familias, que cuadruplican las previstas en normativas anteriores, incluyendo hasta 72 000 euros por persona y hasta 60 480 para la reconstrucción de viviendas destruidas; medidas fiscales para exención de IBI e IAE; eliminación de franquicias de seguros para las pymes afectadas, liquidez para empresas y autónomos, ayudas de hasta 150 000 euros en moratorias legales para créditos hipotecarios, plan urgente de realojamiento y construcción de viviendas asequibles, incluyendo la movilización de suelo público y recursos del Estado. No hablamos solo de paliar daños, sino de un compromiso con los derechos fundamentales de las personas afectadas, el derecho a la vivienda, al empleo, a la dignidad; hablamos de un decreto que demuestra que en este caso el Gobierno del Estado está a la altura, y ha de continuar estándolo y así lo exigiremos. Son ayudas que exigimos y pedimos que sean ágiles y que contengan todos los mecanismos del Estado, de las administraciones autonómicas y municipales para que se apliquen rápido y sean salvavidas en estos momentos difíciles para tantas familias.»

Fragmento 8 de 10 de esta intervención.