«Cuál fue nuestra sorpresa cuando, después de haber estado negociando, hablando y acordando, se nos comunicó que tenían que caer del acuerdo sobre fiscalidad las empresas energéticas porque, si no, no tendríamos mayoría suficiente en este Congreso para sacarlo adelante. Grupos que ya habían votado a favor de eso hace dos años impedían que este impuesto o gravamen a las energéticas pudiera entrar en esta reforma fiscal. Es obvio que, más allá de otras consecuciones, más allá del acuerdo con lo que era puramente la trasposición de la directiva, más allá del acuerdo de esta Cámara para hacer desaparecer el fraude fiscal del IVA en el sector de los hidrocarburos -recuerdo que hay casi unanimidad-, más allá de todo esto, no podíamos aceptar de ninguna forma esta postura. Por lo tanto, lo que hicimos fue: Si quieren que demos apoyo a este texto, nos tienen que garantizar no solo hasta el 31 de diciembre de 2024, porque ahora mismo este impuesto está vigente, sino que se va a prorrogar por lo menos un año más. Y lo que necesitamos es que se haga a través de un real decreto, porque el propio Gobierno cree que este impuesto tiene que existir, que este gravamen -para ser más precisa técnicamente- debe existir. También es cierto que el último real decreto de prórroga de esto decía que se convertiría en un impuesto, y que se convertiría en un impuesto para poderlo concertar, y esta es la opinión que nosotros compartimos. La compartimos del mismo modo que introdujimos que el impuesto a la banca tenía que ser recaudado por las comunidades autónomas, porque esta enmienda es nuestra, y que tenía que serlo en función del PIB de estas comunidades autónomas, porque también es nuestro.»

Fragmento 6 de 9 de esta intervención.