Diputada
«A todo esto, la banca sigue sin hacer este retorno a la ciudadanía, y hay miles de personas en manos de su usura. A modo de recordatorio, mientras el Estado español salvaba a la banca, regalando millones de euros del erario público y diciendo que no había alternativa, decenas de miles de familias perdían su casa y eran expulsadas de su casa, y miles de pequeños empresarios no podían afrontar sus gastos bancarios debido al estallido de la crisis financiera. Ellas y ellos, que somos nosotros, en definitiva, eran quienes realmente no tenían alternativa, pues las entidades financieras tienen mucho más poder que los clientes individuales. Por tanto, esta autoridad puede equilibrar esa situación, ofreciendo a los clientes un recurso efectivo y accesible, que no dependa exclusivamente de los tribunales. La autoridad ha de proporcionar un sistema gratuito, imparcial y rápido, para que los clientes puedan ver atendidas sus reclamaciones frente a las entidades financieras. Una autoridad como esta ha de contribuir a frenar malas prácticas y a sancionar a aquellas entidades que no cumplan con los estándares mínimos de equidad. También creemos imprescindible, en un contexto de concentración bancaria como el actual, la creación de esta autoridad de defensa del cliente porque puede ayudar a frenar posibles abusos derivados de la falta de competencias y a preservar la calidad del servicio.»
Fragmento 6 de 8 de esta intervención.