«I saben què ha passat a nivell de les diferents comunitats autònomes? Que la majoria de les comunitats autònomes no ha volgut saber res, absolutament res de la gestió i recaptació del cànon. Ho està fent l'Estat i després transfereix els recursos. En conclusió, qui ho feia bé, Catalunya, ara es troba amb una gestió menys eficient, i això va en contra de la sostenibilitat. Gràcies. Muchísimas gracias, presidente. Señorías, la Ley 7/2022 sobre Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, más conocida en Cataluña como la ley con la que el Estado nos expropió el canon de residuos, dice que en abril los ayuntamientos tienen que fijar una tasa obligatoria para la recogida de residuos que pagarán íntegramente los ciudadanos en función de la cantidad de residuos generados. Por otro lado, está la opción de que los ayuntamientos fijen una prestación patrimonial de carácter público no tributaria. Es decir, una prestación exigida de manera coactiva para fines de interés general, en este caso el tratamiento de los residuos, pero la novedad radica en que esta tasa que tendrán que pagar los ciudadanos y las empresas debe cubrir el 100 % del coste de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Es decir, que los ayuntamientos ya no podrán financiar estos servicios a partir del presupuesto municipal. Esto tiene un objetivo, que todo el mundo sepa de manera transparente qué cuesta tratar los residuos que generamos. Insisto, de manera transparente. Quizá deberíamos preocuparnos o deberíamos preguntarnos a quién no le interesa la transparencia en este punto.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.