José María Sánchez GarcíaVox
Diputado
«Con la venia. ¿Pide respeto para el Poder Judicial la oradora del Grupo Popular? Pues, si ustedes quieren respetar al Poder Judicial, dejen de pactar políticamente la composición del Consejo General del Poder Judicial eligiendo a diez de sus vocales de acuerdo con el Grupo Socialista. (Aplausos). No es posible que en una democracia el gobierno de la Judicatura esté controlado por los partidos políticos. ¡A ver cómo hay que explicarles a ustedes esto! No sé ya: ¡en chino mandarín! Y acepten, por lo tanto, las enmiendas que hemos presentado, también la relativa a que los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo no sean nombramientos discrecionales, políticos, teledirigidos por los partidos políticos. ¡Ya está bien! ¡Están ustedes tomando el pelo a todo el mundo, a esta Cámara primero y a los españoles también! ¡Es irritante esa actitud! (Aplausos). 'Los jueces y magistrados profesionales integrados en una carrera son la última garantía en un Estado de partidos como el español', lo escribió Manuel García-Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, designado por el Grupo Socialista en 1986. Es la última garantía contra todos los excesos que supone el Estado de partidos, que lleva a una confusión de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por esa razón, el Partido Socialista y este Gobierno, en particular, como no son demócratas ni quieren ya la democracia ni la libertad en España, atacan sistemáticamente a jueces y magistrados. (Aplausos). Lo hemos visto con el nombramiento del fiscal general del Estado, porque les recuerdo que el Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial con autonomía. Y lo hemos visto porque ese nombramiento ha dado lugar, como estamos viendo en estos días, a que el designado sea en este momento imputado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, situación insostenible en cualquier régimen democrático. Y a ese fin -tomen ustedes nota, señores diputados del Grupo Popular-, VOX en el día de ayer ha dirigido un escrito al Consejo de Ministros para pedir su destitución. Y, claro, probablemente el Gobierno la desestimará -por acto presunto o expreso, nos da igual-: pues iremos a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con arreglo a su anterior jurisprudencia sobre la declaración de nulidad del nombramiento del fiscal general del Estado, en tiempos de Felipe González, Eligio Hernández. (Aplausos).»
Fragmento 1 de 3 de esta intervención.