«Además, tampoco se ha dicho que en la propuesta se proponía establecer un sistema de responsabilidad penal que haga que los jueces se lo piensen dos veces antes de delinquir. Y también me reivindico: es necesario un sistema de responsabilidades que acabe con el corporativismo de las salas de Gobierno para hacer frente a los jueces delincuentes. ¿Se pueden imaginar ustedes una justicia independiente e imparcial si los jueces y magistrados son los únicos ciudadanos del Estado, junto con el monarca, obviamente, exentos de cualquier tipo de sistema de exigencia de responsabilidades? No, no es posible. El ejercicio de la función jurisdiccional también tiene que estar sujeto a los mismos controles que el resto de las autoridades públicas. Si no, no hay Estado de derecho; si no, el resultado es la impunidad total, el resultado es institucionalizar la prevaricación en el ejercicio de la función judicial, el resultado es la dictadura de las togas. Lo hemos visto en un Tribunal Supremo rebelde, que se niega a aplicar por motivos estrictamente políticos una ley que es demoledora en su literalidad, la ley de amnistía, que menosprecia los principios básicos del Estado de derecho -el principio primero es el de la calidad- y que no acepta la jerarquía del Tribunal Constitucional. Claro, que no me extraña en absoluto que la cúpula judicial haya respondido sin pensárselo a las órdenes de Aznar: que cada cual haga lo que pueda. Porque la ley de amnistía no es un perdón, no es una indulgencia graciosa, no hemos bajado la cabeza. La ley de amnistía no es solo una enmienda a la totalidad de la represión judicial contra el independentismo, sino que es una impugnación radical del régimen del 78, que genera y seguirá generando a efectos de fondo que trascienden el corto plazo.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.