«La reforma que proponemos, por tanto, quiere promover la realización de este documento, que consideramos clave para garantizar la promoción de la autonomía y el respeto a la dignidad de los pacientes en el final de su vida. En palabras de los representantes de la asociación Derecho a Morir Dignamente, las instrucciones previas recogen la voluntad de las personas, por ejemplo, de recibir, llegado el momento, un cierto tipo de tratamientos relacionados con la transfusión de sangre, la alimentación por gastrostomía, la hidratación por vía venosa, el uso del respirador artificial, la sedación paliativa y con otros cuidados para prorrogar la vida. El escaso desarrollo del testamento vital en España se estima que tiene que ver con un ruido de fondo que tiende a identificar las instrucciones previas con la eutanasia, lo que, evidentemente, no es lo mismo. Y anticipándome al debate y al ruido que alguno de los grupos planteará en esta Cámara, tal como dije al comienzo de mi intervención, no estamos reabriendo el debate sobre la eutanasia. Ese debate ya lo tuvimos en 2021 y, gracias a un gobierno socialista y al apoyo de la mayoría de los grupos, hoy contamos en España con una ley (aplausos), la LORE, Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que añadió un nuevo derecho a la ciudadanía, con todas sus garantías jurídicas y sanitarias. La LORE específica, entre otras, la obligatoriedad de disponer de un documento de instrucciones previas o documento legal equivalente para solicitar esta prestación. Por tanto, si estamos regulando las instrucciones previas, habrá que introducir, entre las situaciones que son motivo para realizar esa manifestación anticipada de la voluntad, la prestación de ayuda a morir, un mero ajuste técnico. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.