«Señorías, permítanme comenzar hablando de los puntos de la proposición no de ley. Primer punto. Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido desde el 10 de abril de 2019 ocho comunicados -ocho- sobre la situación de Venezuela, todos ellos se pueden consultar. El último es de 16 de agosto de 2024, firmado con otros dieciséis Estados, entre ellos, Estados Unidos y la Unión Europea. Es explícito: rechazo de la represión, exigencia de libertad de los presos, respeto al asilo diplomático y que se publiquen las actas electorales. ¿Se quieren ustedes salir del consenso internacional? Segundo punto: los redactores de la proposición no de ley ignoran y manipulan el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los Estados, el Consejo de Seguridad y el fiscal pueden solicitar que se inicie un procedimiento, pero quien decide y abre ese procedimiento es la corte. Y sobre la base de esa decisión de la corte que tuvo lugar en 2021, se procedió a hacer 8900 encuestas de posibles víctimas, se emitió un informe público y se firmó entre la Corte Penal Internacional y el Gobierno de Venezuela un acuerdo de formación, acompañamiento y persecución de estos crímenes. Ese acuerdo estuvo en vigor hasta que se rompió por parte de la corte, del fiscal Jan, justo dos meses antes de las elecciones, y el Gobierno reaccionó expulsando a la oficina y al personal. El comunicado que apoyó España con los otros dieciséis países ha pedido reiteradamente que se vuelva a abrir esa oficina y que entre en funcionamiento.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.