«Señorías, tanto la libertad como la seguridad son esenciales y están estrechamente conectadas. Bajo esta premisa, tenemos que destacar que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana no vulnera derechos ciudadanos y es plenamente constitucional, como lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia del 19 de noviembre de 2020 y fue ratificado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A diferencia de la ley Otegi, que viene sin ningún informe preceptivo, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana tenía el informe favorable del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y, por supuesto, del Consejo General del Poder Judicial, que defendió fervientemente el magistrado Grande-Marlaska. Por eso no se justifica esta reforma, y menos por el procedimiento de urgencia, si no es simplemente para callar las voces disidentes de las organizaciones policiales en plena Navidad. Hoy, la única ley que con urgencia están esperando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es la que este Congreso tiene bloqueada, que se aprobó en el Senado y que ya han pedido hasta en dieciséis ocasiones bloquear su tramitación pidiendo la ampliación del plazo de enmiendas, que es tramitar su jubilación y profesión de riesgo. Esa es la única ley urgente en el Congreso de los Diputados. (Aplausos).»

Fragmento 3 de 8 de esta intervención.