«También solicitamos la sanción a las empresas que hubiesen obligado a asistir al trabajo. Necesitamos que se realice una investigación a las empresas que hayan puesto en peligro las vidas de sus trabajadores y trabajadoras obligándolos a acudir en un momento de alarma -y eso debe hacerse mediante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social- y que se impongan las sanciones pertinentes que conlleve el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, nos falta la intervención en el sector turístico, sobre todo para garantizar ahora mismo soluciones habitacionales y proteger a las víctimas de violencia machista y de delitos de odio, especialmente racistas y LGTBIfóbicos, ya que sabemos que en momentos de crisis siempre aumentan estos casos. Pedimos la extinción de la deuda hipotecaria para las viviendas que hayan quedado parcial o totalmente inservibles -y los bancos también tienen que hacer su parte- y la cobertura por parte del Estado de aquellos daños que no están asegurados para pequeños patrimonios y familias de renta más baja. Asimismo, hablamos del programa piloto de la renta básica universal para las zonas más afectadas y del establecimiento de un sistema de alertas que esté basado únicamente en la ciencia y sea liderado por la AEMET. Solicitamos el diseño de un plan a largo plazo para adaptar el territorio a los efectos del calentamiento global -creo que esto ha sido un aviso y que tenemos que hacer mucho más- y la creación de una página web unificada con todas las ayudas e información, como ya se hizo para la isla de La Palma.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.