«Todos estuvimos de acuerdo en el anterior debate, con mayor o menor entusiasmo, en que es necesario poner freno a este tipo de prácticas. Hoy, mi grupo les ofrece la posibilidad de hacerlo a través de una proposición de ley que modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para obligar a informar cuando se produzca una disminución de la cantidad en aquellos productos preenvasados que mantengan el mismo o similar diseño y dimensiones de su envase original. De este modo, se evita que el consumidor pueda percibir que no mantienen su contenido habitual aquellos productos porque la cantidad realmente ha disminuido. Se trata de garantizar que los ciudadanos puedan tomar decisiones óptimas sobre sus intereses, que sean conscientes y estén informados del encarecimiento real del producto, porque la reduflación es una auténtica estafa que menoscaba la confianza de los consumidores y acaba con la imprescindible transparencia que debe regir en las relaciones de consumo. Es un ataque directo a nuestro poder adquisitivo y a la transparencia en el mercado, una estrategia que atenta contra los derechos de los consumidores y que debe ser erradicada. Además, afecta principalmente a los hogares de menores ingresos, a los más vulnerables, que son los que destinan una mayor proporción de su salario a productos básicos, a productos de primera necesidad, como alimentos o artículos de higiene. Esta práctica, señorías, provoca una sensación de empobrecimiento silencioso en el que las familias no solo sienten que el dinero no les alcanza, sino que, además, no pueden identificar claramente las razones que hay detrás de esta pérdida de poder adquisitivo.»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.