«Señorías, la información es un derecho básico de los consumidores para poder tomar decisiones óptimas sobre sus intereses. Cuando estos toman decisiones sin información suficiente o por prácticas que podríamos llamar engañosas, ellos son las primeras víctimas, pero también se ve afectado el conjunto del sistema por una pérdida de confianza que es preciso restaurar. A veces, erradicar determinado tipo de prácticas engañosas puede combatirse fácilmente con más información y un consumidor bien informado puede actuar en el mercado con mayor eficacia que los propios poderes públicos. Tal y como acabo de señalar, sin información no pueden existir consumidores empoderados. Cuando esta información es engañosa, les impide tomar decisiones de consumo bien orientadas, bien sea para proteger sus intereses económicos o bien para influir en el ámbito de la ética o la sostenibilidad. La potencia transformadora de sus decisiones se desvanece o se orienta de forma inconsciente e involuntaria hacia decisiones contrarias a su auténtica motivación. Por eso, con nuestra propuesta exigimos que se informe a los ciudadanos de forma clara y comprensible cuando se reduzca la cantidad de un producto manteniendo el mismo o similar diseño de su envase original, y proponemos, igual que ya ha hecho algún país europeo, que esto se indique en el punto final de venta durante un periodo mínimo de noventa días.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.