«Señorías, el problema que tenemos hoy es que la indemnización por despido se calcula en exclusiva en función de la antigüedad y del salario. Este modelo ignora factores cruciales como la causa del despido, las circunstancias personales del trabajador afectado o las características de la empresa. No es de recibo que una tienda de barrio pague la misma indemnización por despido que una multinacional, que factura millones. (Aplausos). Este sistema no solo es injusto, sino que fomenta la competencia desleal entre empresas. Como les decía, el Ministerio de Trabajo y Economía Social lleva cuatro años de avances en materia laboral. En la pasada legislatura dimos el primer paso: atacamos la precariedad, ya que la reforma laboral puso fin al abuso y logró reducir la temporalidad al nivel más bajo de la historia. Y ahora toca el segundo paso: toca estabilidad y seguridad. Nadie puede sentirse estable en su empleo si el despido sigue siendo barato, injusto y sin consecuencias reales para quien despide sin causa, que es de lo que estamos hablando. (Aplausos). Por eso toca garantizar una protección frente al despido injustificado, y motivos para ello tenemos de sobra. Son muchos los estudios que demuestran que los despidos injustificados afectan a la salud mental de las personas trabajadoras, y por eso la protección frente a la extinción injusta debe incorporar la dimensión personal y emocional, y no solo la económica. Como ya se ha dicho, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido una resolución que condena a España porque su legislación no cumple precisamente con un despido que sea, efectivamente, restaurativo y disuasorio. Y el argumento principal: la clase trabajadora debe ser el eje de las políticas públicas no solo por justicia social, sino porque una economía que desprotege a sus trabajadores genera desigualdad, inestabilidad y un menor crecimiento, y eso lo hemos demostrado.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.